Las palabras de Díaz provocaron una
ovación entre los asistentes, pero a poco que bajaron las aguas, en la
izquierda se le bajó el perfil y se trató que el exabrupto y los aplausos
fueran olvidados.
Es que más allá de que la campaña por
el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue
de las peores que se recuerde según todos los analistas, en Uruguay todavía hay
una línea que no se cruza.
Los presidentes, cuando se van
entregan la banda presidencial a su sucesor. Lo hacen en paz y
democráticamente. Lo hizo Tabaré Vázquez con Luis Lacalle Pou y lo hará éste
con su sucesor.
Cuando hay discrepancias entre las
fuerzas políticas, como ha sido en este caso, se acude al instituto del
referéndum previsto en la Constitución de la República y a fuerza de lapicera y
papeletas, el Frente Amplio, junto con un amplio abanico de organizaciones
sociales, la principal el PIT CNT, logró recolectar casi 800 mil firmas para
convocar a la ciudadanía.
Ayer durante todo el día los uruguayos
fueron legisladores y pusieron punto final a una larga discusión que comenzó en
plena campaña electoral para la presidencia, cuando el en ese entonces
candidato Luis Lacalle Pou anunció que si lograba la victoria buscaría aprobar
una Ley de Urgente Consideración que incluiría una variedad de temas. Lacalle
quería ganar tiempo y de paso borrar de un plumazo toda huella de los 15 años
de gobiernos progresistas: Vázquez, José Mujica y Vázquez nuevamente.
A principios de 2020, el
centroderechista Partido blanco, el de Lacalle, dio a conocer un primer
borrador que tuvo que ser negociado a la interna de la coalición de cinco
partidos que va desde la socialdemocracia hasta la derecha nacionalista más
dura y que fue la que aupó a Lacalle para llegar a la presidencia. Es que el
proyecto presentado iba más allá de lo acordado entre los socios.
Cuando la LUC definitiva, casi 500
artículos, algo inédito en la vida democrática pos dictadura fue presentada, tuvo
en ese momento varios cuestionamientos del Frente Amplio y el PIT CNT.
El debate parlamentario, acotado a 90
días, se hizo en plena pandemia y con la mayoría de legisladores de la
coalición gobernante fue aprobada, pero también tuvo la aprobación del Frente
Amplio, que en el parlamento avaló con sus manos levantadas más de la mitad de
los artículos.
Sin embargo, desde las organizaciones
sociales se levantaron voces contrarias y al final llegaron a 135 artículos que
fueron impugnados. La recolección de firmas, también en plena pandemia, tuvo un
comienzo algo lento. Esto dio alas al gobierno que no le prestó atención, a tal
punto que notorios operadores del oficialismo decían en voz alta que al final
del plazo constitucional para la recolección de firmas no se iba a llegar a
número requerido. Pero con una militancia en territorio, donde el Frente Amplio
es casi imbatible, sumado a un objetivo político que levantó la moral tras la
derrota electoral en las elecciones presidenciales, se llegaron a las firmas
necesarias.
Ahora en el último tramo de la campaña
se involucró el propio presidente Lacalle, algo inédito puesto que está en
discusión si puede participar o no en este tipo de instancia. Para la coalición
gobernante Lacalle es su mejor carta de presentación por cuanto mantiene en
alto el nivel de aprobación a su gestión con un saldo neto positivo de +24.
Y al final, este referéndum se ha
transformado en una suerte de elección a mitad de camino. Aunque mañana Lacalle
seguirá siendo presidente y en el parlamento no habrá cambios, lo que se votó
fue más que por mantener o derogar los 135 artículos de la LUC: se votó si hay
confianza en el gobierno y el presidente o como ocurre en los partidos más
trabados se le saca tarjeta amarilla.
Publicado en el diario Clarín de Argentina.
