El ministerio del Interior cruje, ya se sabe. Pero no es
nuevo, siempre crujió. Ahora fue por el episodio a través del cual el ministro
Jorge Larrañaga echó al jefe de policía de Montevideo Erode Ruiz, quizás hoy el
policía con mayor ascendencia entre sus pares, todo porque mantuvo una reunión
con Gustavo Leal, el ex director de convivencia del ministerio del Interior
durante la gestión de Bonomi.
En esa reunión, según reveló el colega Gabriel Pereyra, había quedado establecido una suerte de teléfono rojo para cuestiones de convivencia ciudadana y/o denuncias que podían llegar a Leal por el conocimiento que había trabado con los vecinos a raíz de su trabajo, no solo en el ministerio, sino de años anteriores en instituciones como El Abrojo.
Pero ahora el teléfono rojo no va más.
Este lunes pasado Leal llamó a Ruíz para avisarle que habían
desalojado a una familia en el barrio Flor de Maroñas. El sociólogo intervino
para que denunciaran. Ruíz lo habilitó porque entendió que Leal tenía más y
mejor información que Santiago González, actual director de convivencia. El rol
que Ruíz le estaba otorgando a Leal no cayó bien en González primero y en el
ministro después.
Desde el punto de vista estrictamente institucional hizo
bien Larrañaga en tomar esa decisión, Erode Ruiz debió informar de sus contactos
con Leal.
Ahora, no es esta la primera vez que no informan a Larrañaga
de alguna acción.
El Director de la Policía Nacional, Diego Fernández, sin que
supiera Larrañaga decidió por sí y ante sí sacar la placa recordatoria de Julio
Guarteche que estaba en la sede de la dirección de Inteligencia.
Larrañaga lo hizo dar marcha atrás, pero no lo echó.
Fernández como Ruiz tiene un cargo de confianza política y
sin embargo quedó en su puesto sin más.
A Erode Ruiz se lo despidió.
¿Por qué esa doble vara? Es que Larrañaga no lo quería, se
lo pusieron. Erode Ruiz, blanco herrerista con línea directa con el presidente,
jugó al límite y Larrañaga no se lo perdonó. Lacalle no pudo hacer nada para
defender a su hombre. Tuvo que elegir.
Y lo de Erode Ruiz no fue un error, aquí no hay ingenuos: Ruiz
quiso que se supiera. Citó a Leal el viernes pasado, a la misma hora que el
director de convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, estaba
reunido con los jefes policiales en la sede de jefatura de Montevideo para
establecer una estrategia frente a las fiestas clandestinas por el peligro que
representan a raíz de la pandemia. Todos los vieron allí y esa visita no tardó
mucho para que llegara a oídos del ministro.
¿Hizo mal Erode en hablar con Leal a quien conocía bien? No.
La misión del policía es resolver los delitos y buscar la manera de hacerlo
como policía y por eso habló con alguien que lo podía ayudar. Erode pensó y actuó
como policía. No se lo puede condenar por ello.
Larrañaga pensó y actuó como un político.
En 1995, bajo el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti
el inspector Roberto Rivero inició un camino de profesionalización de la policía,
por lo menos en el área de drogas. Limpió el campo y empezó a armar un equipo y
una estructura.
A Rivero lo siguió Julio Guarteche y la política antidroga
se mantuvo en sus líneas generales hasta el gobierno pasado. Fueron 25 años de
política de estado. Dos gobiernos colorados y tres del Frente Amplio.
Sanguinetti, Batlle, Vázquez, Mujica y de nuevo Vázquez.
Hoy se decidió no seguir ese camino.
En el Ministerio del Interior no hubo transición. Hubo una
sola reunión general, después no hubo reuniones particulares de cada jerarca, o
sea no había interés de seguir con una política de estado.
La realidad lo mostró: los oficiales de la era Guarteche,
Carlos Noria, último director de la Dirección de Drogas, Mario Layera, director
Nacional de la Policía, William García, director de Inteligencia, Julio Sena,
director de Crimen Organizado- Interpol, y Robert Tarocco, sub jefe de policía
de Montevideo pasaron a retiro, lo mismo ocurrió con el designado jefe de
policía de Artigas, Alberto González Ríos relevado cien días después. Salvo
Layera, ya jubilado y que estaba en un cargo de confianza política, los demás
podían haber seguido con su carrera.
Tampoco están los comisarios más jóvenes como Alfredo Clavijo,
ex director nacional de la Guardia Republicana ni Ana Sosa, directora del
Centro de Monitoreo. Sobre esta mujer me soplaron un dato. En los días previos
a su asunción como ministro se la sugirieron para un importante cargo dentro de
la estructura de esa cartera. La comisaria Sosa ha demostrado ser una policía
inteligente en todos los lugares donde ha actuado. Larrañaga la rechazó: es
amiga de Layera, dijo.
Más cambios: Washington Pereyra, jefe de la Unidad Táctica
de Negociadores pasó a otra dependencia, la Oficina De Supervisión de Libertad
Asistida y virtualmente en el frezzer está el oficial Pablo Lotito, uno de los
mejores investigadores policiales, director de la cárcel de Domingo Arena.
Además, fueron removidos otros seis oficiales superiores, miembros de la
dirección de Drogas en tiempos de Guarteche.
Mal camino si la causa del despido Ruiz obedece a que el
jerarca policial dialogaba con un ex funcionario de pensamiento político
diferente. Así será muy difícil poder superar los problemas estructurales del
delito. Sin políticas de Estado, toda acción será inconducente.
Por último, hay que destacar la actitud de Gustavo Leal que
colaboró cumpliendo su deber, lo hizo como ciudadano, capaz que también como
político, pero tendiendo puentes. También deberíamos preguntarnos por qué los
vecinos damnificados confían en Leal y no en González. ¿No será que en el
Ministerio hay algo más que este asunto Ruiz, Larrañaga, Leal?
Por ejemplo, ¿cómo se explica el tuit de Juan Andrés Ramírez
Saravia, coordinador nacional del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del
ministerio? “Vengo juntando rencor, bronca, y eso no es bueno. Mucho falluto en
la vuelta. Les aseguro que es bravo el día a día. Hay caminos que no volvería a
recorrer”, dijo y dio a entender que sus problemas radican en conflictos
internos.
Como sea, ahora para evitar futuros desencuentros, Fernández,
el director de la Policía Nacional, envió una orden de servicio a todos los
jefes de Policía y a los directores nacionales de las distintas dependencias
del ministerio a través de la cual ordenó informar con antelación a la Unidad
de Comunicación de la cartera cualquier participación en un acto o
conmemoración, o cualquier invitación a autoridades fuera de la órbita del
gobierno y también los contenidos de los discursos que eventualmente se
realicen. Parece que hubo algunos deslices. En fin, la Policía es también una
organización vertical, no hay que olvidar eso.